El tratado entre los Estados Unidos y Panamá que actualizó y modificó el tratado original de Hay-Bunau-Varilla de 1903 para el Canal de Panamá y la Zona del Canal de Panamá. Otros aspectos del tratado cubren temas de comercio local / derechos de los trabajadores, y el uso de las bases militares.

Eduardo de Alba ha sido miembro de diversas comisiones que han introducido reformas y adiciones importantes a la legislación sobre marina mercante y a la legislación marítima panameña.

Entre sus aportes cabe mencionar su participación en la creación de las leyes que introdujeron el sistema de inscripción preliminar de títulos e hipotecas de naves de registro panameño y las reformas al Código de Comercio de 1984 en materia de hipotecas marítimas, las cuales crearon el marco jurídico que en buena medida facilitó el crecimiento de la marina mercante nacional. 

La creación de los tribunales marítimos panameños

Mención debe hacerse también a la participación de Eduardo de Alba en la Comisión Presidencial que redacta la legislación que crea los tribunales marítimos panameños bajo la Ley 8 de 1982, que asumieron el ejercicio de la jurisdicción marítima en los puertos terminales del Canal de Panamá, en el Pacífico y el Atlántico, con motivo del cese de la jurisdicción norteamericana en nuestro territorio.  Esta legislación fue en efecto una simbiosis efectiva entre las llamadas Reglas de Procedimiento Civil Federal de Estados Unidos, que habían regido la práctica judicial en el tribunal de circuito federal con sede en la antigua Zona del Canal hasta el 30 de marzo de 1982, y las normas en materia civil del proyecto de código judicial que luego se convertiría en 1987 en el Código Judicial panameño.  

1983-1985
Fernando Cardoze F. es designado como miembro de la junta de directores de la Comisión del Canal de Panamá. La Comisión del Canal de Panamá tuvo una Junta Directiva binacional (Estados Unidos y Panamá), bajo la administración de los Estados Unidos.

1994-1999
Fernando Cardoze F. es designado como miembro de la junta de directores de la Autoridad del Canal de Panamá. La Autoridad del Canal de Panamá tuvo una Junta Directiva binacional (Estados Unidos y Panamá), bajo administración panameña plena, de acuerdo con el traspaso del Canal de Panamá.

Durante los años 90, luego de la invasión norteamericana y de la restauración de la democracia en nuestro país, Gilberto Arias Guardia planteó por primera la vez la idea de llevar los principios básicos de la jurisdicción y administración panameñas sobre el Canal de Panamá a nivel constitucional.  

Posteriormente, Fernando Cardoze Fábrega por primera vez trazó los grandes rasgos de cómo debería diseñarse el ejercicio de esa jurisdicción y la autonomía y estabilidad efectiva de la administración del Canal de Panamá que debería lograrse, así como los beneficios económicos mínimos para Panamá que deberían derivarse del mismo.  Lo diseñó, en primer lugar, separando la administración de las tierras, aguas y otros bienes de lo que fuera la Zona del Canal de Panamá, no esenciales para la operación del Canal de Panamá, para lograr su mejor aprovechamiento para el beneficio nacional (bajo lo que se llamó la Autoridad de la Región Interoceánica (“ARI”), de los que se circunscribieran al propio Canal de Panamá.  Los conceptos (i) de una entidad con plena autonomía e independencia financiera (lo que hoy día es la Autoridad del Canal de Panamá (“ACP”), (ii) de juntas directivas de la ACP designadas con períodos escalonados, para que una sola administración no pudiera nombrar todos sus miembros, (iii) de un Administrador del Canal nombrado por esa junta directiva y no por el Presidente de la República, (iv) de las garantías mínimas a la fuerza laboral del Canal de Panamá para que preservara el régimen de beneficios, y también las obligaciones, que tenían bajo la administración norteamericana, y (vi) de asegurarle a la nación, a nivel constitucional, que el gobierno nacional recibiría de la operación del Canal de Panamá no menos de lo que recibía por la concesión a los Estados Unidos para su administración y operación bajo el Tratado Torrijos Carter, todos fueron de su creación.  De estas ideas salieron la ARI y la ACP y las bases del Título XIV de la Constitución Nacional sobre el Canal de Panamá, así como el desarrollo de las mismas en la Ley 19 de 1997, orgánica de la ACP.  

1992-1997  

Eduardo de Alba es nombrado miembro de los comités jurídicos de la Comisión Presidencial que redactó las enmiendas constitucionales (Título XIV) sobre el Canal de Panamá y la Ley del Canal de Panamá.

Ricardo M. Arango también redacta las reglas de operación de Latin Clear, la cámara de compensación y custodia de Panamá.

Estif Aparicio coordina la participación de Panamá en la Ronda de Negociaciones de la Organización Mundial del Comercio en Doha y negocia con éxito los acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, Singapur y Chile.