Mediante la Ley 126 de 2020 se aprobó la regulación sobre el teletrabajo.  Éste permite a las partes, dentro de las posibilidades de la operación de cada negocio y las funciones del trabajador, acordar que el trabajador preste sus servicios desde casa.  Para ello, las partes deberán suscribir una adenda en la cual se acuerde que el servicio se podrá prestar bajo la modalidad de teletrabajo, ya sea de manera permanente o temporal.  El empleador deberá proveer al trabajador los equipos necesarios para la prestación del servicio y acordar con el trabajador los gastos en que éste incurra para la prestación del servicio bajo la modalidad de teletrabajo y que deberán ser subvencionados por el empleador.  El empleador podrá decidir unilateralmente cuándo requerirá que el trabajador deba prestar nuevamente sus servicios desde las instalaciones del empleador. 

Con motivo de la pandemia causada por el COVID 19, las autoridades laborales han reglamentado el artículo 159 del Código de Trabajo, el cual permite la reducción de la jornada laboral con la consecuente reducción del salario.  Para ello, las partes deberán suscribir un convenio de modificación temporal al contrato de trabajo mediante el cual se acuerde lo siguiente:

• La reducción de la jornada laboral
• La reducción del salario en atención a la reducción de la jornada laboral
• Los métodos de recuperación gradual de la jornada laboral
• El plazo en el que estará vigente la reducción de la jornada laboral

El Decreto Ejecutivo No. 71 de 13 de marzo de 2020 establece la redacción que deberá tener el convenio de modificación temporal de la jornada laboral.

Mediante Decreto Ejecutivo No. 101 de 13 de julio de 2020, se estableció que la reducción máxima por mes de la jornada de trabajo es del 50%. Dicho Decreto Ejecutivo también estableció que los acuerdos de reducción de jornada sólo serán aplicables hasta el 31 de diciembre de 2020.

El acuerdo firmado deberá ser enviado por medios electrónicos al Ministerio de Trabajo, a través de la plataforma Panamá Digital, junto con copia simple del Aviso de Operación de la empresa y copia simple de la última planilla preelaborada presentada ante la Caja de Seguro Social.

El empleador no está obligado a conceder a su personal el goce de vacaciones; sin embargo, es una medida que ha sido promovida por las autoridades laborales, las que han autorizado al empleador la facultad de forzar el goce de vacaciones a su personal.  El goce de vacaciones, por regla general, debe ser acordado por el trabajador; sin embargo, mediante el Decreto Ejecutivo No. 78 de 16 de marzo de 2020, se autorizó a los empleadores a informar a su personal sobre el uso de sus vacaciones.

Dicho Decreto Ejecutivo también concedió a los trabajadores mayores de 60 años, aquellos que padecieran de enfermedades crónicas y mujeres embarazadas la opción de acogerse al goce de vacaciones por un periodo mínimo de 15 días calendario.

Con motivo de la pandemia causada por el COVID 19, el gobierno de Panamá declaró el Estado de Emergencia Nacional mediante Decreto de Gabinete No. 11 de 13 de marzo de 2020.  Como resultado de dicha declaratoria, se emitió el Decreto Ejecutivo No. 500 de 19 de marzo de 2020 mediante el cual se ordenó el cierre de establecimientos comerciales y empresas por un periodo prorrogable de 30 días a partir del 21 de marzo de 2020.  

Lo anterior da lugar a la aplicación del numeral 8 del artículo 199 del Código de Trabajo que permite la suspensión se los efectos del contrato, lo que supone la no obligación de prestar el servicio por parte de los trabajadores y la no obligación del empleador de pagar los salarios correspondientes.  No obstante, lo anterior, se requerirá la autorización del Ministerio de Trabajo para que pueda concederse la suspensión.

El Ministerio de Trabajo ha reglamentado el artículo antes mencionado y ha establecido el procedimiento que deberá seguirse para obtener la autorización requerida para que efectivamente tenga lugar la suspensión de los efectos del contrato.

Deberá enviarse al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, de forma electrónica, la siguiente información:

• Nota o memorial en que se justifique la suspensión de los contratos de trabajo, firmada por el representante legal o apoderado de la empresa, solicitando la suspensión hasta por un mes, prorrogable;
• Copia simple del aviso de operación del empleador;
• Copia simple de la última planilla preelaborada de la Caja de Seguro Social, anterior al cierre de la empresa;
• Prueba idónea de la afectación económica;
• Lista de los trabajadores cuyos contratos se solicita suspender, especificando nombre, cédula, número de seguro social, dirección residencial, ocupación, sexo, edad, número de teléfono y correo electrónico.

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral tendrá un plazo de 3 días hábiles para pronunciarse sobre la solicitud de suspensión.  Si en dicho término no se ha pronunciado se entenderá aprobada la solicitud para todos los efectos legales. En ese sentido, el Decreto Ejecutivo No. 95 de 21 de abril de 2020 ha aclarado que la suspensión de los contratos se contará a partir del cuarto día hábil siguiente a la presentación de la solicitud de autorización.

Para aquellos establecimientos cuyo cierre fue ordenado mediante el Decreto Ejecutivo No. 500 de 19 de marzo de 2020, la extensión de la suspensión será automática.

Para aquellos establecimientos cuyo cierre no fue ordenado, pero que por afectaciones económicas solicitaron la suspensión de los contratos, deberán solicitar la extensión de la suspensión por lo menos 5 días hábiles antes de que la suspensión inicial expire y deberán justificar por qué requieren de dicha extensión y por cuánto tiempo.

Mediante la Ley 157 de 3 de agosto de 2020 se aprobó la prórroga de la suspensión de los contratos hasta el 31 de diciembre de 2020, para lo cual las empresas deberán solicitar mensualmente la aprobación de la prórroga de la suspensión. 

La reactivación gradual de los trabajadores, cuyos contratos fueron suspendidos, no podrá ser utilizada como medida de represalia o discriminación por razón de sexo, raza, religión, discapacidad, entre otras causas. Los empleadores que discriminen o tomen represalias contra sus trabajadores durante la reactivación de los contratos suspendidos una vez se retomen las actividades será sancionado con multas entre US$500 y US$1,000 por cada trabajador discriminado.

Nada en la legislación panameña ni en las regulaciones emitidas con motivo de la declaratoria del Estado de Emergencia Nacional prohíbe o restringe la facultad del empleador de terminar la relación de trabajo.

No obstante lo anterior, la Ley 157 de 3 de agosto de 2020 establece la obligación de darle un plazo de por lo menos dos días hábiles al trabajador para que analice la propuesta de terminación antes de firmar el mutuo acuerdo, de lo contrario serán considerados como nulos y el trabajador podría pedir el reintegro a su puesto de trabajo.  Dicha ley también exige que el pago de las sumas adeudadas por razón de la terminación sea pagado de inmediato.

La Ley 157 es aplicable a las empresas que se hayan visto afectadas por el Estado de Emergencia y hayan suspendido los contratos de sus trabajadores.

El gobierno de Panamá implementó una moratoria sobre ciertos créditos proporcionados por bancos empresas financieras y cooperativas. Mediante la Ley No. 156 de 30 de junio de 2020, el gobierno estableció una moratoria sobre las deudas de ciertos clientes con bancos locales, cooperativas y financieras. La moratoria aplica retroactivamente desde el 1 de marzo de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020 (“Periodo de Moratoria”), y se aplica a los siguientes préstamos (“Créditos Incluidos”): (i) hipotecarios residenciales, (ii) personales, (iii) de auto, (iv) tarjetas de crédito, (v) a la pequeña y mediana empresa, (vi) comerciales (vii) al sector transporte, (viii) al sector agropecuario, y (ix) créditos de consumo.

Los clientes que pueden beneficiarse de la moratoria son solo aquellas “personas afectadas por la crisis económica causada por la pandemia del COVID-19, es decir, las personas a quienes se les haya suspendido o cesado su contrato laboral, los trabajadores independientes y comerciantes cuya actividad se ha visto afectada por las medidas sanitarias establecidas por el Órgano Ejecutivo”. Los clientes deben documentar debidamente que han sido afectados, ya sea mediante una declaración jurada o proporcionando evidencia de la terminación, suspensión o disminución de las horas de trabajo, en su contrato laboral.

Durante el Periodo de Moratoria, los bancos, cooperativas y financieras no podrán efectuar cobros, aumentar tasas de interés aplicada, recargos o cualquier otro interés relacionados a los Créditos Incluidos. Adicionalmente, durante el estado de emergencia sanitaria nacional y hasta 60 días después que la misma sea levantada, no se verán afectados los historiales de crédito. Una vez que expire el plazo de la moratoria, los bancos y los beneficiarios deben negociar una refinanciación o prorrateo de su deuda, sin que esto permita el cobro de ningún cargo por pago atrasado o cualquier otro gasto administrativo.

Bajo la Ley No. 156 de 2020, los bancos no pueden cobrar ningún cargo por pago atrasado o cualquier otro gasto administrativo como resultado de la falta de pago o renegociación de los préstamos aplicables. 

El 2 de abril se publicó en Gaceta Oficial la Ley No. 132 de 2020 la cual, entre otras cosas, establece que se adoptarán medidas de flexibilización de las entidades financieras del estado. 

Adicionalmente, el gobierno de Panamá implementó una moratoria sobre ciertos créditos proporcionados por bancos empresas financieras y cooperativas. Mediante la Ley No. 156 de 30 de junio de 2020, el gobierno estableció una moratoria sobre las deudas de ciertos clientes con bancos locales, cooperativas y financieras. La moratoria aplica retroactivamente desde el 1 de marzo de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020 (“Periodo de Moratoria”), y se aplica a los siguientes préstamos (“Créditos Incluidos”): (i) hipotecarios residenciales, (ii) personales, (iii) de auto, (iv) tarjetas de crédito, (v) a la pequeña y mediana empresa, (vi) comerciales (vii) al sector transporte, (viii) al sector agropecuario, y (ix) créditos de consumo.

Los clientes que pueden beneficiarse de la moratoria son solo aquellas “personas afectadas por la crisis económica causada por la pandemia del COVID-19, es decir, las personas a quienes se les haya suspendido o cesado su contrato laboral, los trabajadores independientes y comerciantes cuya actividad se ha visto afectada por las medidas sanitarias establecidas por el Órgano Ejecutivo”. Los clientes deben documentar debidamente que han sido afectados, ya sea mediante una declaración jurada o proporcionando evidencia de la terminación, suspensión o disminución de las horas de trabajo, en su contrato laboral.

Durante el Periodo de Moratoria, los bancos, cooperativas y financieras no podrán efectuar cobros, aumentar tasas de interés aplicada, recargos o cualquier otro interés relacionados a los Créditos Incluidos. Adicionalmente, durante el estado de emergencia sanitaria nacional y hasta 60 días después que la misma sea levantada, no se verán afectados los historiales de crédito. Una vez que expire el plazo de la moratoria, los bancos y los beneficiarios deben negociar una refinanciación o prorrateo de su deuda, sin que esto permita el cobro de ningún cargo por pago atrasado o cualquier otro gasto administrativo.

Si bien no se han implementado medidas de carácter obligatorio para los bancos, el Ministerio de Comercio e Industrias, mediante Resolución No. 31, ha instado a las empresas financieras a implementar medidas especiales y temporales para brindarle cierta flexibilidad a sus clientes tales como periodos de gracia, reducción en la tasa de interés, modificación en el plazo de financiamiento, entre otros.

A la fecha, el gobierno no ha implementado medidas que le permitan a los bancos posponer o aplazar sus obligaciones de pago con sus clientes en cuentas de ahorro o demás inversiones, por lo que los bancos tienen la obligación de cumplir con cualquier pago correspondiente a sus clientes.

Mediante la Resolución General SMV No. JD-3-20, la SMV adoptó un procedimiento especial para la notificación de los actos administrativos que se ingresen y adelanten en la SMV, permitiendo que todo acto administrativo emitido por la Junta Directiva o Superintendente de la SMV sea notificado por medio de correo electrónico con copia digitalizada del documento en que consta el acto administrativo. Adicionalmente la resolución establece el deber de los usuarios y sus apoderados de incluir una dirección de correo electrónico en las solicitudes, consultas y demás trámites que se remitan a la SMV.

Por medio del Acuerdo SMV No. 3 de 2020 (“Acuerdo No.3-2020”) la Superintendencia del Mercado de Valores (“SMV”) aprobó ciertas medidas especiales y temporales para el registro abreviado de las modificaciones de ciertos términos y condiciones de ofertas públicas de valores registrados ante la SMV. De conformidad con el Acuerdo No. 3-2020, los emisores de valores que ya se encuentren registrados ante la SMV, y que tengan obligaciones de pago que desembolsar frente a inversionistas o condiciones financieras que cumplir desde el 24 de marzo de 220 hasta el 30 de septiembre de 2020 están exentos de presentar la solicitud que establece el Acuerdo No. 4-2003, artículo 2 cuando se trate de ciertas modificaciones. El emisor sí deberá presentar un comunicado público de hecho de importancia ante la SMV y la bolsa de valores indicando la modificación que se solicita y se suspenderá la negociación de dichos valores por tres días hábiles.

Las modificaciones a los términos y condiciones de valores registrados, exentas de solicitud bajo el Acuerdo No. 3-2020 aplica exclusivamente a: (i) fecha de vencimiento de los valores, fechas y forma ed pago de interés o de capital; (ii) tasas de interés; (iii) razones y/o condiciones financieras; (iv) fecha de redención de los valores, forma o causales para solicitar redención de los valores; y (v) plazo para la declaratoria de incumplimiento o causales de vencimiento anticipado, sin que dicho plazo pueda ser mayor a treinta días calendarios.

La Dirección General de Ingresos emitió la Resolución No. 201-2419 de 20 de abril de 2020 por medio de la cual se habilita el proceso de notificación por medio de correo electrónico mientras se mantenga el Estado de Emergencia.  Este proceso de notificación se realizará al correo electrónico que se encuentre registrado en la información del contribuyente en el sistema e-Tax 2.0.

Una vez enviado el correo electrónico y en el término de cinco (5) días siguientes se entenderá como válida dicha notificación.  La información adjunta al correo será la resolución o acto administrativo a notificar.

Los procesos administrativos ya no están suspendidos por lo que se debe presentar la reconsideración o apelación según corresponda en el término de 15 días hábiles luego de haber recibido la notificación. 

Todo contribuyente que haya presentado su declaración jurada de rentas correspondiente al periodo 2019 sin acogerse a la reducción del impuesto estimado, podrá presentar una declaración rectificativa sin generar costo o multa alguna hasta el 17 de julio de 2020.

El plazo de presentación del informe 930 sobre Precios de Transferencias donde se reportan las transacciones con partes relacionadas en el exterior, ha sido extendido hasta el 30 de septiembre de 2020

Por medio del Decreto Ejecutivo No. 251 de 24 de marzo de 2020 (“Decreto Ejecutivo No. 251”) se aprobaron ciertas medidas tributarias referentes al diferimiento del pago de impuestos y presentación de las declaraciones juradas de rentas anual del periodo 2019 para personas naturales y jurídicas.

Adicionalmente, por medio de la Ley 134 de 20 de marzo de 2020 (“Ley 134 de 2020”) se aprobó la extensión de la Amnistía Tributaria que fue aprobada por medio de la Ley 99 de 2019

Los procesos de liquidación y reorganización están regulados mediante la Ley No. 12 de 2016. A la fecha, no se han emitido regulaciones o resoluciones relacionadas que permitan medidas especiales o temporales de alivio para procesos de liquidación o reorganización que hayan surgido en consecuencia al COVID-19.

Los Juzgados Civiles y Comerciales estuvieron cerrados hasta el 31 de mayo de 2020 y reabrieron el 1 de junio de 2020. Sin embargo, los términos judiciales están suspendidos hasta el 21 de junio de 2020 inclusive (es decir, los términos dentro de los procesos para contestar demandas, presentar recursos, presentar pruebas, etc.).